Una jueza federal de Cuernavaca ordenó hoy a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial, agendada para este lunes.
“Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”, dice la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.
En teoría, esto quiere decir que los diputados no podrían discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la jueza resolverá sobre la suspensión definitiva.
Ante la violación a una suspensión, los jueces solo pueden denunciar el probable delito de abuso de autoridad ante la FGR, que en los últimos años ha recibido varias querellas de este tipo contra altos funcionarios del gobierno, pero no ha actuado contra ninguno.
La Cámara también puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado de Morelos, que tendría 48 horas para resolver, sin que se pueda descartar que se solicite la intervención de la Suprema Corte de Justicia, mediante el ejercicio de su facultad de atracción.
Varios jueces ya se han negado a conceder suspensiones en amparos promovidos por sus colegas contra esta reforma, pues tradicionalmente, el Poder Judicial Federal (PJF) no puede intervenir en los procesos legislativos para someterlos a su control, sino que las leyes solo pueden ser impugnadas cuando ya están publicadas.
En este caso, lo que Morena y sus aliados intentan es una amplia reforma Constitucional, sobre las cuales la Corte ya estableció, en jurisprudencia de febrero de 2022, que no es posible que su contenido sea revisado judicialmente mediante amparos.
La jueza Magaña consideró que, en este caso, no se estaría pronunciando sobre el contenido de la reforma, sino que la suspensión es contra el procedimiento legislativo que está en curso, aunque su fallo se basa en estimaciones sobre las consecuencias que tendrá el cambio Constitucional.
Este argumento, sin embargo, implica que el PJF puede ponerse por encima del Poder Reformador de la Constitución, integrado por el Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales, lo que siempre ha sido rechazado por la gran mayoría de Ministros y Ministras de la Corte.
“De otorgar la medida, no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público, en atención a que si bien la sociedad está interesada en que los procedimientos de modificación a la Constitución no se detengan, lo cierto es que también tiene especial interés a que los procesos que se realicen para reformar la ley de mayor jerarquía para un país, se apeguen a los estándares de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza, de ahí que la independencia judicial como valor íntegro de un Estado de derecho, no puede erosionarse de la Carta Magna”, afirmó la jueza.
“De aprobarse la reforma Constitucional materia del proyecto que se mantiene en resguardo en la Mesa Directiva de la legislatura actual, (los quejosos) serían separados de sus cargos sin procedimiento previo ni derecho de audiencia, con las consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas a que hacen referencia en forma puntual en la demanda”, agregó.
El dictamen prevé la elección por voto popular de todos los jueces del país, incluidos, en junio de 2025, los Ministros de la Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de los alrededor de mil 650 jueces y magistrados federales.
